Puerto de Granadilla: "Alternativa Sí Se Puede"
dice que las obras crearán 45 empleos y no 660


El concejal de Alternativa Sí se puede en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Antonio Cabrera, afirmó este jueves que las obras del puerto industrial crearán 45 puestos de trabajo como máximo durante los cuatro años que durarán los trabajos, por lo que subrayó que el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Rodríguez Zaragoza, “faltó a la verdad” al decir que la infraestructura generará más de 660 empleos en las obras.

En rueda de prensa, Cabrera anunció asimismo que su formación política presentará al Pleno municipal del próximo 26 de febrero una moción en los mismos términos que la aprobada por el XIV Congreso Insular del PSOE mediante la que se propone declarar ilegal el proyecto y dar un no rotundo a la regasificadora. “Queremos constatar la posición del PSOE de Granadilla y saber si va a respetar los documentos de su partido o votará en contra y, por tanto, generará un conflicto dentro de la fuerza política”, explicó.

El concejal consideró “lamentable” que mientras que en cualquier “sociedad normal” se emplea la ciencia y el conocimiento para progresar, en Canarias “no se tiene en cuenta sistemáticamente”. Tras insistir en que el Puerto de Granadilla es “ilegal e innecesario”, sostuvo que con este proyecto se ha optado por la máxima de “no dejes que la verdad te estropee el negocio” para “beneficiar el interés de unos pocos”.

Antonio Cabrera denunció que un ejemplo más de este “atropello a los procesos democráticos” ha sido el “impedimento” que se le ha puesto a Alternativa Sí se puede para acceder a los informes de viabilidad económica, con el fin de poder presentar las alegaciones. “A lo mejor resulta que ese documento nos convence, pero no lo tenemos”, dijo el concejal, quien se mostró intranquilo por las “cabezas que están ordenando el territorio y los recursos” en Canarias, “ya que da la impresión de que estamos gobernados por el enemigo”.

Reiteró que el Puerto es “un fraude al conocimiento y a la ciencia, un negocio particular, una muestra de la degradación democrática de la sociedad” y preguntó “a quién se le pedirán cuentas cuando la playa de El Médano y su entorno se destruyan de forma irreversible”. El concejal hizo hincapié en que la construcción de esta infraestructura provocará importantes afecciones al ecosistema porque se impide el desplazamiento de arena a las playas, “daños que no se tienen en cuenta debido a la descatalogación a la carta de los sebadales con el fin de dejar fuera de protección ese ámbito y que el Puerto tenga vía libre”.



DESTINAR LA INVERSIÓN A ACCIONES PRIORITARIAS

En una reciente rueda de prensa, Pedro Rodríguez Zaragoza informaba de que los trabajos supondrán una inversión de 133 millones de euros. Se inician este viernes tras varios años de trámites, revisiones del proyecto, protestas, varias quejas ante la UE y denuncias de organizaciones sociales y ecologistas, algunas de ellas aún en trámite y pendientes de resolución. Sin embargo, el presidente del ente portuario dijo que no teme que estas quejas prosperen e insistió en que la decisión se ha tomado de manera “no precipitada, responsable y medida” una vez que la Autoridad Portuaria ha cumplido “con todos los requisitos” fijados por la UE.
No obstante, los ecologistas han instado a la suspensión cautelar de las obras y en los próximos días informarán de los actos que convocarán para movilizar a los ciudadanos en contra del proyecto. En este sentido, el concejal granadillero de Alternativa Sí se puede anunció que la formación política “seguirá trabajando en coordinación con todos los frentes” y abogó por que la justicia “tome cartas en el asunto para impedir que la obra comience”.

Antonio Cabrera subrayó que en la actual situación económica “es más importante concentrar las inversiones públicas en actuaciones que compensen el retraso histórico de Canarias en equipamientos sociales, resuelvan problemas ambientales y que además sean intensivas en mano de obra”. Al respecto propuso que se invierta en infraestructuras de saneamiento y depuración y, en general, en equipamientos para sanidad, educación y servicios sociales, “que generan empleos duraderos, de calidad y reactivan la economía”.

El representante de Alternativa Sí se puede remarcó que el Estudio de Seguridad y Salud del Puerto de Granadilla “refleja con claridad la cifra de 45 personas trabajando en las obras de construcción del dique de abrigo, licitadas en algo más de 112 millones de euros”. Afirmó que estos trabajadores “ni siquiera estarían contratados todo el tiempo”, señaló que la mano de obra prevista “apenas representa un 3 por ciento del coste total del dique” y concluyó que si se divide entre 25 las personas empleadas “se obtiene un ratio de casi dos millones y medio de euros por trabajadores, cifra muy inferior a la habitual en obras de menor envergadura”.

“Todo esto es un fraude social, sobre todo en esta situación de crisis, ya que aparece dinero para hacer este tipo de inversiones pero no para las familias necesitadas o para el sector primario”, dijo, al tiempo que hizo un llamamiento “para que el pueblo no permita que estos irresponsables sigan gobernando”. Cabrera denunció además el “veto” de algunos medios de comunicación “que no ofrecen toda la información” y consideró necesario “que circulen todos los datos para que el ciudadano tenga donde elegir”.